En mayo se vienen nuevos aumentos acordados entre las empresas privatizadas y el Gobierno de Milei, un golpe al bolsillo de los trabajadores. Así la canasta de consumo de servicios públicos se incrementa en el quinto mes del año un contundente 16,8%, 6 veces más que la inflación pronosticada por el REM del BCRA para mayo.
Así lo indica un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente de la UBA-Conicet, que calculó una canasta de $166.559 para mayo. Ese sería el gasto promedio de un hogar en transporte, agua, luz y gas. El monto implica un 54% de un salario mínimo, vital y móvil (SMVM) para el mes de mayo. Por ley el SMVM debería asegurar “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional”, y “debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida”. Claro está el incumplimiento del Gobierno a la ley que respalda la remuneración mínima para los trabajadores.
Sin embargo, para las empresas privatizadas de servicios, la política es otra. Según el IIEP, el incremento en la boleta de gas desde que asumió Milei fue de 1181%, desde diciembre de 2023 a mayo 2025. Mientras el aumento en el SMVM fue de sólo 97,5%. Ganadores y perdedores de un modelo económico al servicio del gran capital.
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El golpe al bolsillo de los trabajadores con el aumento tarifario de mayo se explica por aumentos tarifarios sumado a la suba en las cantidades consumidas de energía eléctrica y el incremento en el consumo estacional de gas natural con la llegada del frío.
Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la canasta de servicios públicos del AMBA saltó un 500%, mientras que el nivel general de precios aumentó 149% en ese período (con la última estimación de inflación para mayo del Relevamiento de Expectativas del Mercado que publica el BCRA).
Pasar el invierno en la era Milei
En la previa del invierno, con los primeros días fríos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el gas natural subió 51,5% en mayo frente al mes previo, mientras que la energía eléctrica aumentó un 28,9%, el agua, un 4,4% y el transporte, un 3,4%. El aumento de consumo por el frío no es considerado por el Gobierno como un reparo necesario, sino lo deja a cargo de cada uno, un sálvese quien pueda.
Además el Gobierno de Milei intervino en reempadronar usuarios y recategorizarlos quitando subsidios de cobertura y aumentando su factura final. Así, un informe previo del IIEP daba cuenta que entre julio de 2024 y abril de 2025 derivó en la recategorización de 2.1 millones de usuarios N2 de bajos ingresos. “Se estima que alrededor del 83% de estos hogares fueron registrados como N 1 de altos ingresos. En el AMBA se traduce en que 608.000 hogares pasaron de ser considerados N2 a estar registrados como N1 mientras que 122.000 hogares N 2 fueron categorizados como N3 (ingresos medios) en el año 2025”, explica el informe.
Este cambio en la composición del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) tiene implicancias importantes en la cobertura promedio de los costos que alcanzó el 56% y, por lo tanto, una significativa reducción en las transferencias del Estado respecto al pago de subsidios a la energía, un 78% interanual en mayo. La motosierra a los hogares a pedido del FMI.
Un plan energético democrático, económico y sustentable
Como plantea la izquierda, es necesaria la estatización integral de toda la industria energética bajo la gestión de sus trabajadores y trabajadoras, profesionales y expertos de universidades públicas, y comunidades afectadas en los distintos territorios. Sería un primer paso para planificar racionalmente una transición energética verdaderamente justa, desde abajo, que invierta las prioridades de las ganancias de unos pocos millonarios por sobre las necesidades de las mayorías.
Esta medida permitiría decidir democráticamente qué fuentes de generación de energía se utilizarán. La planificación centralizada en una empresa estatal única, y la obtención de financiamiento, no rematando los bienes y empresas públicas, sino por medio del no pago de la deuda externa, el quite de subsidios a las petroleras – energéticas y la nacionalización del sistema bancario, deberá combinarse con la deliberación descentralizada en cada región. Así podría evaluarse la conveniencia, en cada caso, de utilizar distintas fuentes de generación, aprovechando las condiciones climáticas de cada zona, y planificando racionalmente el uso de bienes comunes naturales necesarios para el aprovechamiento de fuentes renovables intermitentes en su generación. De conjunto con terminar con el derroche y los subsidios energéticos a los grandes capitalistas, imponiendo medidas de eficiencia energética en las industrias, haciendo un servicio económico y sustentable.