El Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, impuso una fianza de $30 millones para la excarcelación de Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense. Abaigar se encuentra con prisión domiciliaria, imputada por su participación en el ataque contra el domicilio del diputado nacional José Luis Espert.
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El episodio, que incluyó amenazas y el lanzamiento de excremento contra la vivienda del legislador, fue calificado judicialmente como un atentado contra el orden público, agravado por incitación al odio y amenazas por motivos ideológicos. La Cámara Federal de San Martín había autorizado la excarcelación, pero dejó en manos del juzgado de origen la fijación de la caución, con el objetivo de asegurar la sujeción de la imputada al proceso penal.
La decisión de la jueza fue apelada por los abogados defensores Daniel Llermanos y Adrián Albor, quienes argumentaron que la suma establecida resulta “de imposible cumplimiento” para la acusada y “no se encuentra ni mínimamente fundado”. También cuestionaron el criterio de la magistrada al fijar la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, y pidieron que esa frecuencia sea mensual.
No objetaron, sin embargo, las restricciones de salida del país ni la orden de restricción perimetral respecto de Espert.
La defensa consideró que la medida “burla” el fallo de la Cámara, la cual había considerado que no existían riesgos procesales. El planteo sostiene que la caución debería ser proporcional a los ingresos de Abaigar, incluso sugiriendo que podría afrontarse con parte de su aguinaldo.
Mientras tanto, continúa detenida Eva Mieri, presidenta del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de Quilmes y dirigente cercana a la intendente Mayra Mendoza. Mieri está alojada en la cárcel federal de mujeres de Ezeiza, luego de que la justicia rechazara su pedido de excarcelación.
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Según surge de la causa, habría facilitado una camioneta oficial del Municipio de Quilmes para perpetrar el escrache, lo que derivó en una imputación por malversación de caudales públicos y alteración de patente, entre otros cargos.
El contenido del teléfono celular de Mieri fue borrado casi por completo antes del hecho. Al momento del peritaje, no contenía mensajes, fotos ni historial, salvo un puñado de conversaciones por WhatsApp del día anterior. Esta situación fue interpretada por la fiscalía como un intento deliberado de entorpecer la investigación.
Ambos casos revelan un preocupante patrón de utilización partidaria de recursos estatales por parte de funcionarias vinculadas al kirchnerismo, en acciones dirigidas a amedrentar políticamente a dirigentes opositores.
La participación directa de representantes del Estado provincial, el uso de vehículos oficiales y la coordinación desde dependencias gubernamentales ponen en evidencia un aparato estatal al servicio de intereses facciosos.
Estas acciones, constituyen no solo una violación a la ley, sino también un ataque directo a la libertad de pensamiento, a la convivencia democrática y a la propiedad privada, al haber dañado el domicilio del diputado nacional José Luis Espert.