Esta semana se lleva adelante una importante medida de fuerza impulsada por gremios docentes universitarios y no docentes, que continuará bajo distintas modalidades las próximas semanas. Es para visibilizar una situación insostenible, en la que los niveles salariales se encuentran en pisos históricos, prácticamente de indigencia. La universidad pública y gratuita está en peligro.
En ese marco, se difundió este jueves un informe elaborado por la Asociación Gremial Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en la que se grafica la gravedad de la situación, comparable con el brutal desplome salarial posterior a la crisis de 2001, «es decir, uno de los peores niveles históricos«.
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Desde hace tres meses el salario se encuentra paralizado y desde hace seis meses consecutivos se viene actualizando por debajo del incremento general de precios, perforando el piso de enero de 2024. La respuesta provocadora del Ministerio de Capital Humano (que desde hace un año no convoca a paritarias) mediante un comunicado en sus redes sociales es que se otorgará un incremento total de 7,5% en cuotas hasta noviembre y un bono por única vez de 25 mil pesos. Los sindicatos respondieron que «es humo» porque es incluso menor a lo que acordó con UPCN para la administración pública, que de por si implicaba un deterioro.
El informe de AGD Económicas destaca que la caída del poder adquisitivo del salario docente universitario fue de 31,4% entre noviembre de 2023 y julio de 2025, y si se compara con el nivel promedio de marzo-diciembre de 2015, la caída actual es aún mayor (45,7%). «En ambos declives, el retroceso salarial fue ampliamente superior al del promedio del sector privado registrado», se destaca.
De esta forma, «i) para volver al nivel de poder adquisitivo de noviembre de 2023 sería necesario un incremento sobre el salario bruto de julio 2025 del 45,8%; y ii) para retornar a niveles de poder adquisitivo del promedio marzo-diciembre de 2015 sería necesario un incremento del 84,3%«.
A raíz de este brutal golpe a los salarios y a la universidad pública, se estima que unos 10 mil docentes de todo el país ya han renunciado a sus cargos. Es muy preocupante la estrategia gubernamental de destruir la universidad pública por medio de la asfixia salarial de sus trabajadores, lo que los expulsa al pluriempleo, jornadas extenuantes, o directamente la migración a otras actividades. Esto a su vez perjudica los equipos de enseñanza e investigación que tardaron años en conformarse.
«No sólo resulta necesaria la organización docente para la recuperación salarial, sino también para defender el rol de la Universidad Pública. Entre otras conquistas, dicha organización fue fundamental para la obtención de la media canasta familiar para el cargo testigo en 1986, el freno del ajuste en 1999, la recuperación salarial y el salario para ad honorem en 2005, la lucha junto a los estudiantes por el boleto educativo y la cláusula gatillo en 2018 y las movilizaciones multitudinarias de 2024«, sentencia el informe.
Frente a la burla del Gobierno, se ratifican las medidas de lucha
A través de la cuenta del ministerio de Capital Humano de la red social X, el gobierno nacional anunció un aumento del 7,5%, a cobrar entre septiembre y noviembre, y una suma fija excepcional –no remunerativa ni bonificable– que varían según la dedicación:
Cabe destacar que el 70% de la docencia de las universidades tiene cargos de dedicación simple y cobrarán el monto mínimo de esta suma excepcional.
El anuncio se da en el marco del paro nacional de una semana que sostienen dos de las tres federaciones (CONADU y CONADUH) de trabajadores de la universidad y luego del paro de 24 horas que sostuvieron el lunes el conjunto de las organizaciones que representan a los trabajadores universitarios.
El gremio AGD-UBA respondió al Ministerio de Capital Humano en sus redes sociales «¿De qué aumento hablan?». «Aún con estos anuncios, siguen los salarios de pobreza y, en algunos casos, de indigencia, toda vez que un cargo simple no supera los $250.000. Además, los docentes con menos de 10 años de antigüedad no recibirían ningún aumento, producto de la garantía salarial».
El plan de lucha anunciado por Conadu Histórica continúa las próximas tres semanas con paros rotativos de 48 horas: 21 y 22, 26 y 27 de agosto, 1 y 2 de septiembre, es decir, al menos durante todo el primer mes de cursada. Asimismo, convocan a preparar una tercera marcha nacional para ser miles en las calles en todo el país y torcerle el brazo a Milei. En el caso del gremio Conadu, se convocó a una semana de paro pero sin continuidad, y en el caso de los gremios de la CGT (Fedun y Fatun), la convocatoria fue sólo para el lunes pasado.
La Ley de Financiamiento Universitario consiguió media sanción en Diputados a pesar de la firme oposición del oficialismo, que ya anunció, en el caso de aprobarse en el Senado, el veto de la misma. Para el Gobierno nacional, son los trabajadores universitarios, los jubilados, las familias y personas con discapacidad quienes producen “déficit fiscal».
No es solo un reclamo salarial, sino la defensa de la universidad pública y la necesidad del conjunto del pueblo trabajador de ponerle un freno al plan de ajuste de Milei.
Para eso se necesita construir una tercera marcha en contra de todos los vetos, uniendo el reclamo universitario con el colectivo de discapacidad, los jubilados, y los trabajadores de salud que vienen enfrentando al Ministro Lugones y al Gobierno nacional. Así es como lo hace el Hospital Garrahan, o quienes se organizan contra los despidos discriminatorios en Secco y Georgalos en la Provincia de Buenos Aires y en defensa de la Ciencia y Técnica como el CONICET. Y también lograr la más amplia unidad con los estudiantes cuyas becas estudiantiles se encuentran congeladas y no pueden acceder al boleto estudiantil.