El juicio contra el ex juez federal de Mendoza Walter Bento entró en su última etapa. El fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, finalizó sus alegatos y pidió condena para el ex magistrado y parte de su familia.
El miércoles 10 de septiembre, comenzarán a exponer los defensores de cada uno de los imputados, el último alegato será el de la defensa de Bento, a cargo de Mariano Fragueiro Frías. Antes de fin de año, se espera la sentencia de responsabilidad penal. Luego, se hará una audiencia de cesura para solicitar penas y el tribunal podrá dictar sentencia.
El megajuicio arrancó el 26 de julio de 2023. El Tribunal Oral Federal 2 está integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira, quienes viajan desde San Juan y San Luis a los tribunales Federales en Mendoza, por lo que las audiencias se realizan cada 15 días.
En el juicio quedan 25 imputados, de 33 iniciales que tenía la causa. Uno de los imputados, Javier Santos Ortega, se suicidó en agosto pasado. Había reconocido haber pagado coimas a cambio de favores procesales y se quitó la vida en su casa de Guaymallén, horas antes de volver a prisión.
Walter Bento está acusado por 15 causas de asociación ilícita, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, como jefe de una supuesta red de despachantes de aduana, narcotraficantes y abogados, que cobraba coimas a cambio de favores procesales.
Desde el 8 de noviembre de 2023, cuando fue destituido por el Consejo de la Magistratura,el ex magistrado permanece detenido en la cárcel de Cacheuta, en Mendoza.
El fiscal Velasco argumentó que existe un incremento patrimonial apreciable e injustificado por parte de Bento y su esposa Marta Boiza, entre 2005 y 2020.
Según lo expuesto por los fiscales a lo largo de su alegato -que concluyó el viernes pasado-, la investigación estableció que desde 2007 existía una asociación ilícita destinada a obtener dinero o bienes a cambio de beneficios judiciales ilegítimos otorgados por Bento.
El mecanismo funcionaba en general tras la detención o imputación, donde se ofrecía libertad, reducción de medidas coercitivas o desvinculación del proceso a cambio de sobornos en dólares, inmuebles o automóviles. La impunidad se aseguraba mediante sobreseimientos, faltas de mérito o recalificaciones menos graves, dictadas por Bento.
Según la acusación, los arreglos se pactaban directamente con los acusados o sus familiares, y siempre invocando la voluntad del juez Bento como condición indispensable para acceder al beneficio.
Las acusaciones que pesan sobre Bento son: Asociación ilícita en carácter de jefe; cohecho pasivo agravado por 11 hechos, en calidad de autor; prevaricato como autor; omisión y retardo de justicia; enriquecimiento ilícito; lavado de activos agravado, como miembro de una banda dedicada a la comisión de estos delitos y en su rol de funcionario público;y falsedad ideológica.
Además, se le imputan abuso de autoridad en 10 hechos; desobediencia judicial por no entregar su celular y documentos de viaje; y ocultamiento de prueba, también vinculado a la retención de su teléfono celular.
El hijo del exmagistrado, Nahuel Bento, enfrenta cargos por lavado de activos de origen ilícito agravado, bajo la figura de haber actuado como miembro de una organización criminal.
La esposa de Bento, Marta Isabel Boiza, que era su secretaria privada, está imputada por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, cometido como integrante de una banda y en su condición de funcionaria pública. Y falsedad ideológica en dos hechos, en concurso real entre sí.
Una novedad de la causa, es que en los alegatos, el fiscal Velasco solicitó la absolución de Luciano Bento, también hijo del exjuez, quien estaba imputado por lavado de activos de origen delictivo en calidad de coautor.
«La Proselac sostiene que si bien las maniobras de lavado existieron, Luciano era instrumentado por su familia, no tenia poder para oponerse a la voluntad de su padre», sostuvo uno de los acusadores. Por tanto, Luciano, quien es mellizo de Facundo, el hijo con discapacidad por el que Bento ha pedido prisión domiciliaria, ahora quedó libre de culpa y cargo.
El caso Bento
Walter Bento era un juez muy poderoso en Mendoza porque durante muchos años comandó dos juzgados federales (era el titular del 1 y subrogante en el 2) y era el juez con competencia electoral. Tenía influencia y trato con políticos de todos los partidos y empresarios.
El crimen de un ex despachante de Aduana e informante policial abrió una investigación en la que aparecieron pruebas y testimonios que ubicaban a Bento como líder de una banda que pedía coimas a cambio de beneficios procesales a contrabandistas y narcotraficantes.
Esa investigación derivó en el juicio oral que realiza el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza. Fue investigado en diez expedientes judiciales distintos, donde se lo acusa de meterse en causas en las que debería haberse excusado, vender un departamento antes de que se lo embarguen, negarse a entregar su teléfono, intentar manipular la tarjeta SIM del aparato, borrar mensajes comprometedores, vaciar una caja de seguridad cuando supo que se la iban a allanar, y negarse a entregar su pasaporte y documentos de viajes que hubieran revelado adónde estuvo y dónde podría haber escondido dinero ilícito.
También se lo acusa de manipular, cambiar y falsear datos en declaraciones juradas patrimoniales, de omitir declarar cuentas, fondos y tarjetas de crédito emitidas en el exterior. Y de intentar ocultar muchos viajes al exterior, durante los cuales se alojaba en hoteles costosos, como las reiteradas visitas al casino del hotel Caesar Palace de las Vegas, lo que está expresamente prohibido por las normas de la justicia nacional.
El 8 de noviembre de 2023, Bento fue destituido por mal desempeño de sus funciones en el Consejo de la Magistratura. Fue detenido y aunque sus abogados han intentado varias veces conseguir la prisión domiciliaria, sigue preso en la cárcel Federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo.
El juicio oral lleva hasta el momento más de 130 audiencias. Casi cien de esas jornadas estuvieron destinadas a la producción de prueba en las que declararon alrededor de 300 testigos, se analizaron cientos de miles de páginas de documentación física y decenas de terabytes de información digital.
A lo largo del juicio, se ventilaron 14 casos diferentes de pago de sobornos a cambio de resoluciones judiciales. Entre los acusados, además del exjuez federal y su familia (todos exfuncionarios judiciales), hay un excomisario jefe de dos de las cuatro zonas de la División de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de Mendoza y ocho abogados acusados de intervenir en el pago de coimas.
“Es momento entonces de que la ciudadanía escuche también que las instituciones existen, están acá, funcionan y reaccionan ante estos graves delitos; que la ley y las normas rigen; que quienes las incumplen son castigados y que la corrupción y la ilegalidad que hemos visto en este juicio son sancionadas y no quedan impunes”, cerró su alegato el fiscal Velasco.