Un juez federal de Santa Rosa hizo lugar a un amparo por mora administrativa y dio un plazo perentorio al organismo nacional para definir un trámite iniciado hace más de dos años.
El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que dicte una resolución definitiva en un plazo de 30 días sobre la solicitud de una pensión no contributiva para un niño de 7 años con discapacidad, residente en La Pampa. La medida se adoptó en el marco de una acción de amparo por mora de la administración, iniciada debido a la falta de definición en un expediente que lleva más de dos años en trámite.
Según consta en el fallo, al que tuvo acceso La Pampa Nuestra, la madre del menor inició los trámites el 11 de mayo de 2023, presentando toda la documentación requerida, incluido el Certificado Único de Discapacidad. Pese a ello, el expediente permaneció en estado de «inicio de prestación» sin avances sustanciales. En diciembre de 2025, la familia intimó formalmente al organismo mediante carta documento, sin obtener respuesta.
La defensa de Andis, a cargo de la apoderada Lorena Pérez Bonhet, argumentó que no existía inactividad, sino un proceso en curso con verificaciones internas que no se reflejan en los sistemas públicos. Sin embargo, el magistrado descartó este argumento, señalando que el organismo «no brindó fundamentos concretos» que justifiquen la extensa demora ni acreditó avances verificables. Baric consideró que esta falta de precisiones «vulnera los derechos del actor», especialmente por el carácter alimentario del beneficio solicitado.
En su resolución, el juez concluyó que existe una «mora injustificada de la administración» y, en consecuencia, hizo lugar al amparo. Ordenó a Andis dictar una resolución definitiva -ya sea otorgando o rechazando la pensión- en un plazo máximo de 30 días. Además, impuso las costas del proceso a la Agencia y reguló honorarios a favor de la parte actora, representada por el abogado Marcos Bertolotti Fiore.
El fallo se conoce en un contexto donde Andis enfrenta una investigación judicial por presuntas irregularidades. La decisión judicial pone el foco en la capacidad de respuesta de los organismos estatales ante demandas sociales críticas y en los plazos razonables para la definición de trámites que afectan derechos básicos.