El Jefe de Gabinete, en plena campaña electoral, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La causa analiza operaciones inmobiliarias, viajes privados y omisiones en sus declaraciones juradas.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, en una causa que examina su situación patrimonial mientras se prepara para competir en las elecciones porteñas. La investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, analiza una serie de operaciones y declaraciones que han sido puestas en duda.
El punto de partida de la investigación es la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito. Según documentos del Registro de la Propiedad Inmueble, Adorni compró el inmueble por US$ 230.000, con el 87% del financiamiento provisto por Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes habían adquirido la propiedad seis meses antes. La situación de Sbabo, empleada de una editorial que luego apareció en un programa para jubilados de bajos ingresos, generó interrogantes sobre si actuó como testaferro o si la operación buscaba evadir impuestos.
Otro aspecto de la causa involucra a la escribana Adriana Nechevenko, quien participó en la operación de Caballito y en la inscripción de una propiedad a nombre de la esposa de Adorni en un country de Exaltación de la Cruz. Los registros indican que Nechevenko ingresó a la Casa Rosada en varias oportunidades y fue citada a declarar para esclarecer el origen de los fondos y su relación con el matrimonio.
La investigación también analiza vínculos con el periodista Marcelo Grandio, específicamente vuelos privados a Punta del Este facturados a nombre de su empresa. Aunque Adorni afirmó haber pagado su parte, no se encontraron registros de transferencias que lo respalden. Una empleada de la empresa de aviación involucrada declaró sobre pagos en efectivo y presiones para modificar facturas.
Además, datos de la Dirección Nacional de Migraciones contradicen las declaraciones públicas de Adorni sobre sus viajes al exterior, registrando destinos no mencionados por el funcionario. Estas omisiones alimentan las dudas sobre la consistencia entre sus gastos y sus ingresos declarados.
Con la campaña electoral en curso, el avance de esta causa judicial podría tener implicancias tanto para el futuro de Adorni como para el entorno político en el que se desempeña. La investigación continúa su curso analizando documentación, transferencias y testimonios.