Un representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresó críticas al proyecto de modificación, advirtiendo sobre riesgos ambientales y sociales. La iniciativa ya tiene avances en el Senado.
Lucas Micheloud, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, manifestó un rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Glaciares. En declaraciones radiales, calificó la iniciativa como «absolutamente regresiva e inconstitucional» y afirmó que debilita la protección de las reservas de agua dulce.
Según explicó, esta postura cuenta con respaldo de ámbitos científicos y académicos. Micheloud destacó una alta participación ciudadana en la audiencia pública, aunque cuestionó que solo 400 personas pudieron exponer de más de 100 mil inscriptas, lo que, a su juicio, cercenó el derecho a la participación.
El referente ambientalista señaló que la reforma beneficiaría a grandes corporaciones mineras, apuntando especialmente a proyectos en San Juan y Mendoza. También cuestionó posibles conflictos de interés en el ámbito político, mencionando a la senadora salteña Flavia Royón.
Micheloud alertó sobre las consecuencias de la modificación en el acceso al agua. Explicó que en Argentina hay cerca de 17 mil glaciares que alimentan 69 cuencas hídricas, de las que dependen unos 7 millones de personas. Advirtió que la reforma habilitaría la minería en zonas glaciares y periglaciares, con el uso de explosivos y sustancias químicas, incrementando los riesgos de contaminación. Cuestionó además el alto consumo de agua de estos proyectos en regiones con emergencia hídrica.
El abogado recordó el derrame ocurrido en Jáchal, San Juan, como ejemplo de los riesgos para las cuencas. También advirtió sobre impactos en la biodiversidad y en el contexto del cambio climático.
El proyecto ya tiene avances en el Senado y podría tratarse en Diputados en los próximos días, con presión de gobernadores de provincias mineras. Micheloud afirmó que la iniciativa «no tiene licencia social» y anticipó movilizaciones y acciones judiciales en caso de aprobarse, respaldadas por más de 800 juristas y especialistas en derecho constitucional.
Finalmente, advirtió que provincias como La Pampa podrían verse afectadas por eventuales cambios en las cuencas hídricas, mencionando como ejemplo la situación del río Colorado, clave para el abastecimiento en la provincia.