Autoridades sanitarias de 15 jurisdicciones, incluida La Pampa, emitieron un documento conjunto en el que expresan su posición sobre la iniciativa nacional y reafirman su compromiso con la ley vigente.
Representantes de 15 provincias argentinas, entre ellas La Pampa, se manifestaron respecto al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Gobierno nacional. La postura quedó plasmada en un documento conjunto firmado por autoridades sanitarias y órganos de revisión de las distintas jurisdicciones. Entre los firmantes se encuentra el subsecretario de Salud Mental y Adicciones del Gobierno pampeano, Martín Malgá.
Las autoridades de Salud Mental y Consumos Problemáticos y los Órganos de Revisión reafirmaron en el escrito su «vocación de trabajo conjunto y federal para hacer frente a la grave crisis de salud mental que enfrentan nuestras comunidades».
«Ratificamos nuestra vocación de seguir trabajando en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su proceso de implementación. Estamos convencidos que dicho marco resulta adecuado, ajustado a las normas y modelos que han alcanzado consenso y evidencia por su eficacia a nivel internacional», expresaron.
En el documento, destacaron que el marco normativo actual permite que «cada jurisdicción desarrolle políticas, programas y dispositivos acorde a sus particularidades locales», tanto en modalidad ambulatoria como en la atención de urgencias e internaciones.
Al describir el escenario actual, las provincias señalaron un «aumento sostenido de las demandas» y «la creciente complejidad de las mismas por factores sociales», lo que genera «enormes exigencias y tensiones» en los sistemas públicos. En este contexto, remarcaron que «es el subsector público el que ofrece la mayor parte de la respuesta a esta situación crítica» y que los desafíos actuales no radican en la ley, sino en «la necesidad creciente del aumento de las inversiones y mejoras en los estándares de calidad».
Como camino a seguir, las provincias plantearon que «la mejor estrategia para dar respuesta es continuar transformando el modelo de atención en salud mental», lo que implica garantizar la formación de recursos humanos. Asimismo, subrayaron la necesidad de financiamiento y coordinación federal, señalando que «el aporte del Estado nacional resulta fundamental» para inversiones en infraestructura, medicamentos y ampliación de la red de dispositivos.
Finalmente, hicieron hincapié en la importancia de «generar espacios de discusión abierta y participativa» y en la necesidad de reanudar el funcionamiento del COFESAMA como ámbito federal de debate. Concluyeron afirmando que, en un país federal, las provincias «debemos ser parte vinculante de cualquier discusión en torno a las normas y políticas sobre salud mental».