Instituciones y prestadores del sector realizaron una protesta en el centro de la capital pampeana para exponer dificultades en los pagos y la actualización de aranceles por parte del Gobierno nacional.
Este miércoles por la mañana se desarrolló una movilización en el centro de Santa Rosa, impulsada por instituciones y prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad. Bajo la consigna «Discapacidad en emergencia», los organizadores expusieron una serie de reclamos relacionados con el financiamiento del sector.
Entre los puntos señalados se encuentran el incumplimiento de la ley de emergencia, la desactualización de los aranceles y la falta de entrega de insumos. Los manifestantes advirtieron sobre una compleja situación económica, señalando que las prestadoras no perciben pagos del Gobierno nacional desde diciembre, aunque indicaron que la deuda se arrastra desde octubre de 2025.
El reclamo se centra en el impacto que esta situación tiene en la continuidad de terapias, traslados y acompañamientos, prestaciones consideradas esenciales para miles de personas y sus familias. En ese marco, precisaron que el programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas, mantiene deudas correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025, y enero de 2026.
Si bien el Ministerio de Salud se comprometió a cancelar esos montos durante el mes en curso, los prestadores señalaron que los tiempos de pago siguen siendo lentos, lo que dificulta el cumplimiento de obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores.
Además, indicaron que el retraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles han generado un deterioro general del sistema, que afecta a prestadores, trabajadores y personas con discapacidad. En muchos casos, los aumentos otorgados quedaron absorbidos por la inflación, profundizando el desfasaje. Actualmente, los aranceles presentan un atraso cercano al 40%, por lo que los valores vigentes no alcanzarían a cubrir los costos reales de las prestaciones.