Eduardo Schmunis, referente de la Sociedad Argentina de Gerontología, cuestionó la situación del PAMI y advirtió que los recortes afectan derechos constitucionales y tratados internacionales.
El referente de la Sociedad Argentina de Gerontología, Eduardo Schmunis, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el PAMI y señaló que el recorte de prestaciones a jubilados vulnera derechos constitucionales y acuerdos internacionales firmados por la Argentina. En diálogo con Radio Textual, Schmunis sostuvo que el organismo arrastra una crisis histórica, pero remarcó que el actual escenario es especialmente grave por la reducción de servicios a una población vulnerable.
Indicó que estas decisiones incumplen la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en 2017, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El especialista aseguró que estas medidas forman parte de una política más amplia que afecta a sectores vulnerables y mencionó que desde el ámbito de la gerontología impulsaron una solicitada firmada por unas 5.000 personas en la que reclaman la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones.
El pedido se basa en declaraciones recientes en las que el ministro se refirió a los afiliados mayores de 80 años como una “carga” para el sistema. Schmunis consideró que ese enfoque refleja una concepción discriminatoria hacia las personas mayores, a la que definió como “viejismo”, y sostuvo que es incompatible con la responsabilidad de conducir la política sanitaria. Advirtió que hablar de los adultos mayores como un “costo” implica desconocer sus aportes a lo largo de la vida y reducir sus derechos a una cuestión presupuestaria.
Consultado sobre posibles acciones judiciales, indicó que ya existen presentaciones contra autoridades nacionales y que los recortes podrían implicar incumplimiento de deberes de funcionario público. Sobre las consecuencias concretas, el referente afirmó que “la falta de atención médica y prestaciones puede derivar en un deterioro de la salud de los jubilados y en una reducción de la expectativa de vida”. Alertó además sobre el impacto de los bajos haberes al señalar que la mayoría de los jubilados cobra la mínima, muy por debajo del costo de una canasta básica que estimó en alrededor de 1.800.000 pesos.
Schmunis también advirtió sobre la situación de los médicos de cabecera del PAMI, quienes según explicó verán “reducidos sus ingresos y aumentada su carga laboral, lo que podría derivar en una salida de profesionales del sistema e incluso del país”. Finalmente, sostuvo que “la salud es un derecho humano y no puede quedar sujeta a criterios económicos”, y advirtió que el escenario actual es “insostenible” para los jubilados en todo el país.