El Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó el sobreseimiento por inimputabilidad de O. R. Miranda, quien mató a su hermano en el campo El Boitano, en La Humada, en agosto de 2025. La sentencia incluye una internación obligatoria de 10 años y 8 meses.
El Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó este 28 de abril el sobreseimiento por inimputabilidad de O. R. Miranda, el hombre acusado de matar a su hermano en el conocido campo El Boitano, de La Humada, en agosto de 2025. La resolución ratificó en todos sus términos el fallo dictado en primera instancia por el juez de control de la Cuarta Circunscripción Judicial, Carlos Espínola, incluyendo una medida de seguridad excepcional: la internación obligatoria en un establecimiento de salud mental por un plazo de 10 años y 8 meses.
El caso había generado fuerte impacto en la zona oesteña por tratarse de un conflicto interno de una familia tradicional. El desenlace terminó en un homicidio con arma de fuego. La investigación determinó que Miranda fue el autor material del disparo que causó la muerte de su hermano, tras una discusión en un predio rural.
El hecho ocurrió el 20 de agosto de 2025, entre las 19 y 20 horas, en el campo El Boitano, ubicado a unos 25 kilómetros de La Humada. Ese puesto es conocido porque allí se filmó el documental de Cochengo Miranda, el padre de los dos hermanos. Según se reconstruyó en la causa, el imputado efectuó el disparo en el marco de una discusión. De acuerdo a la autopsia realizada en la Morgue Judicial de General Pico, la muerte se produjo por un único impacto de arma de fuego que ingresó en la zona del hipocondrio derecho y, en su trayectoria, provocó una laceración en la arteria aorta abdominal. En un primer momento, incluso, se había señalado que podrían haberse escuchado más de un disparo.
Lo central de la resolución judicial radica en una particularidad poco frecuente: si bien el imputado fue sobreseído —lo que implica que no puede ser condenado penalmente—, el Tribunal consideró acreditado que representa un riesgo para sí mismo y para terceros, por lo que dispuso su internación compulsiva. Este punto fue ratificado por el juez Filinto Rebechi al rechazar las impugnaciones tanto de la defensa como de la querella, confirmando la medida de seguridad solicitada por el fiscal Enzo Rangone de la Cuarta Circunscripción del Ministerio Público Fiscal. A diferencia de la mayoría de los sobreseimientos, que no conllevan consecuencias restrictivas de la libertad, en este caso la Justicia resolvió una privación prolongada en el ámbito de salud mental, basada en criterios clínicos y de peligrosidad.
La decisión judicial se apoyó en una batería de informes elaborados por al menos tres psiquiatras y dos psicólogos, quienes coincidieron en que Miranda padece un trastorno psicótico crónico. Los peritajes concluyeron que el imputado presenta “ideas delirantes persistentes de tipo paranoide”, con un juicio de la realidad alterado y una marcada incapacidad para dirigir sus acciones. Si bien los especialistas señalaron que Miranda podía comprender, en términos generales, que matar es un delito, también destacaron que su conducta estuvo atravesada por un delirio persecutorio que condicionó completamente su accionar al momento del hecho. Además, se estableció que no posee actualmente capacidades psicojurídicas para afrontar un proceso penal, lo que refuerza su condición de inimputable.
Otro de los puntos clave del fallo es la evaluación del riesgo. Los informes periciales indicaron que Miranda presenta un “riesgo cierto e inminente para terceros”, asociado a su cuadro psicótico, su impulsividad y antecedentes de conductas agresivas. En ese contexto, los especialistas recomendaron su internación en un dispositivo especializado de salud mental, con abordaje interdisciplinario y seguimiento a largo plazo.
El fallo adquiere relevancia dentro del sistema judicial pampeano por la combinación de dos decisiones que no siempre aparecen juntas: el sobreseimiento por inimputabilidad y la imposición de una medida de seguridad de larga duración. La resolución deja en claro que, aun cuando una persona no pueda ser penalmente responsable por sus actos debido a una enfermedad mental, el Estado puede intervenir para prevenir nuevos hechos violentos, priorizando la protección social y el tratamiento del paciente.
El caso de La Humada, atravesado por un conflicto familiar y una patología no tratada, vuelve a poner en discusión el cruce entre salud mental y justicia penal, y el alcance de las respuestas institucionales frente a situaciones de extrema gravedad.