La Cámara Federal de Casación Penal dispuso reabrir la investigación sobre la represión a jubilados durante una marcha frente al Congreso, apartó a los jueces federales intervinientes y ordenó nuevas medidas de prueba.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci, resolvió reabrir la causa por la represión a jubilados ocurrida durante una manifestación frente al Congreso de la Nación. El tribunal consideró arbitrario el archivo impulsado por el fiscal Eduardo Taiano y apartó a los jueces federales Pablo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
El fallo hizo lugar al recurso presentado por la querella, encabezada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y patrocinada por la abogada María del Carmen Verdú. La decisión se basó en registros audiovisuales del canal TN, donde se observó el accionar policial contra manifestantes jubilados sin que estos ofrecieran resistencia, lo que generó conmoción entre los periodistas presentes.
El juez Slokar sostuvo que el operativo de seguridad, en lugar de garantizar derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión, se convirtió en un impedimento sin justificación para el uso de la fuerza. Advirtió además sobre un “paradigma de combate” en las fuerzas de seguridad y alertó que la violencia estatal contra sectores vulnerables produce un “efecto desaliento” que afecta el debate público y la democracia.
El tribunal citó estándares de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a los Estados a investigar la violencia contra manifestantes pacíficos y prevenir la impunidad. La jueza Ledesma adhirió al voto de Slokar y cuestionó la actuación del fiscal de origen, mientras que Yacobucci votó en disidencia al considerar inadmisible el recurso.
Casación dejó sin efecto el archivo, apartó a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens y ordenó nuevas medidas de prueba. El fallo cobra relevancia en un contexto de cuestionamientos internacionales sobre las libertades públicas en el país. El tribunal destacó que la falta de control judicial frente a excesos represivos puede deteriorar el sistema democrático y desalentar la participación ciudadana.