La Cámara de Diputados de La Pampa sancionó la ley que declara la Emergencia Pública Sanitaria en Salud Mental y Consumo Problemático en el ámbito provincial.
En una sesión ordinaria presidida por la vicegobernadora Alicia Mayoral, la Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por mayoría la Ley que declara la Emergencia Pública Sanitaria en Salud Mental y Consumo Problemático en la provincia.
La diputada Patricia George expresó que “si hay algo que escuché permanentemente en las comisiones de Legislación Social y Salud Pública, en cada encuentro en la calle, con amigos, familiares, vecinos y en los medios de comunicación, es la enorme preocupación que existe por la crisis en salud mental que atraviesa nuestra sociedad”. Mencionó “guardias saturadas, aumento de consumos problemáticos, intentos de suicidio, falta de psicólogos, de psiquiatras, de equipos agotados y de familias desesperadas”. Afirmó que esta crisis “no ocurre aislada” y que “las decisiones del Gobierno Nacional generan consecuencias profundas sobre la salud mental de nuestra población”.
George indicó que el proyecto fue elaborado “entre muchos legisladores de esta Cámara junto al Ejecutivo” e incorpora “mecanismos concretos de control, seguimiento y transparencia institucional”. Señaló que el artículo 5° crea “una mesa de trabajo para la implementación y monitoreo del Plan Provincial de Emergencia en Salud Mental” con representación legislativa, y que el artículo 12 establece que el Poder Ejecutivo deberá informar periódicamente a la Legislatura sobre el avance del plan y el uso de recursos durante los dos años de vigencia.
La diputada Gisela Cuadrado sostuvo que “a nivel mundial, nacional y provincial” las estadísticas “se dispararon y desbordaron el sistema de salud”. Indicó que “el 24,15% de los estudiantes consultó a un profesional por angustia, depresión o problemas emocionales durante el último año” y que “la tasa de suicidio en La Pampa se encuentra por encima de la media nacional”.
Laura Trapaglia, desde la oposición, afirmó que “reconocemos el problema” y que comparten “profundamente la preocupación”, pero consideró que la iniciativa requiere “mayor precisión y fundamentación”. Señaló que “no encontramos realmente una justificación adecuada ni suficiente para declarar la emergencia, para crear cargos sin especificación alguna ni comprometer recursos sin la información y los controles necesarios”.
María Luz Alonso expuso datos sobre el presupuesto nacional destinado a salud mental y afirmó que “la Ley Nacional de Salud Mental dice que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental”, aunque la proyección actual es del 1,43%. Señaló que el Programa Nacional de Apoyo y Promoción de la Salud Mental sufrió “un hachazo del 91,5%”.
León Nicanoff sostuvo que el proyecto contempla herramientas concretas para fortalecer el sistema de atención y cuestionó que algunos sectores no acompañen la iniciativa. Mencionó la situación del Hospital Borda y el Hospital Moyano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “hoy están desmantelándose y siendo incorporados a negocios inmobiliarios”.
En la misma sesión se aprobaron por unanimidad diversas iniciativas: la obligatoriedad de incluir la leyenda “Línea 144” en recibos de haberes; declaraciones de interés legislativo para los libros “Rompecabezas Urbano II”, “El Desafío de consolidar los derechos de la niñez” y “Mateo. El guerrero incansable”; reconocimiento a Agustín Martino por salvar una vida en Necochea; interés legislativo para la segunda edición del “Trail Desafío Lihué Calel”; solicitudes al Ejecutivo provincial para la creación de un Centro Provincial de Formación Profesional en Catriló, informes sobre centros de salud mental, áreas de explotación de mármol, repavimentación del acceso a Salinas Grandes de Hidalgo, reparaciones edilicias en colegios secundarios de Alpachiri y General Manuel J. Campos, restablecimiento del transporte de pasajeros entre Ingeniero Luiggi y Capital Federal, y garantizar igualdad de acceso a telefonía celular y conectividad digital.
Por mayoría se aprobó una resolución de respaldo político e institucional a la acción de amparo colectivo ambiental presentada por el Poder Ejecutivo Provincial ante la Justicia Federal contra la Ley Nacional N° 27.804. El diputado Hernán Pérez Araujo explicó que la defensa de los recursos hídricos constituye “una política de Estado” para La Pampa y cuestionó las modificaciones a la Ley Nacional de Glaciares, señalando “incumplimientos procesales” que “tornan la ley nula”. Afirmó que el amparo cuenta con cerca de “900 mil firmantes”.