El diputado nacional Adrián Ravier declaró 6.346.380 dólares en una caja de ahorro, un departamento en Buenos Aires y una casa en Santa Rosa, entre otros bienes, al acogerse al régimen de inocencia fiscal.
El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza, Adrián Ravier, solicitó su adhesión al régimen de inocencia fiscal, según consta en su declaración jurada a la que accedió Diario Textual. Entre los bienes declarados se incluyen 6.346.380 dólares en una caja de ahorro, una casa en Santa Rosa adquirida en 2021, un departamento en Buenos Aires comprado el 12 de noviembre de 2025 por 172.800.000 pesos (aproximadamente 120.000 dólares), un VW Taos valuado en 50 millones de pesos adquirido en 2024, y acciones en tres cajas de ahorro.
Hasta diciembre de 2025, Ravier se desempeñaba como profesor universitario y director de la Fundación Faro. Asumió su cargo en el Congreso hace siete meses. La Fundación Faro se encuentra bajo escrutinio por no ventilar sus ingresos.
El economista Hernán Letcher declaró en su cuenta de X: «Como estaban excluidos del blanqueo porque son funcionarios, impulsaron inocencia fiscal para ellos mismos. Todos sucios. ¿Tenés dudas? Mirá quienes entraron (relevamiento hasta las 14.30 hs): Espert (renunció por sus vínculos al narcotráfico), Adorni, su mujer y su jefa de asesores (no puede presentar una declaración jurada), Federico Sturzenegger, Felipe Nuñez, Santiago Oria, Guillermo Francos y Adrián Ravier».
El régimen de Inocencia Fiscal, formalizado por la ley 27.799 y reglamentado a principios de este año, establece que el contribuyente es inocente hasta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) demuestre lo contrario. Esta semana, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma que elimina restricciones de ingresos máximos anuales o patrimonio, permitiendo el ingreso de grandes contribuyentes.
Manuel Adorni también solicitó su adhesión al régimen. Su esposa, Bettina Angeletti, realizó el trámite el 31 de mayo, según informó el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación. La norma permite declarar activos no declarados sin sanciones penales, aunque fuentes judiciales advierten que no exime de una eventual investigación por enriquecimiento ilícito.