El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad solicitó al Ministerio de Economía la urgente asignación de recursos, señalando un atraso del 40% en los valores y deudas pendientes a prestadores.
Integrantes del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad entregaron un petitorio al ministro de Economía, Luis Caputo, solicitando la urgente asignación de recursos para garantizar la continuidad de las prestaciones. Desde la entidad remarcaron que los aranceles presentan un atraso cercano al 40%, por lo que los valores actuales no cubren los costos mensuales.
El reclamo, según indicaron, fue planteado en febrero sin haber sido debidamente considerado. Exigieron el cumplimiento de la Ley 27.793, en particular la realización del estudio de costos anual, que no se efectuó durante 2025.
Además, informaron que este miércoles los jueces de la Cámara Federal de San Martín –Sala II–, Alberto Lugones y Néstor Pablo Barral, se expidieron sobre una apelación del Estado Nacional contra una sentencia que había declarado la invalidez de un artículo del decreto 681/2025 y ordenado la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Los magistrados consideraron que la cuestión devino abstracta, ya que el Poder Ejecutivo reglamentó la norma mediante el decreto 84/2026.
Desde el Foro manifestaron su desacuerdo con la resolución, argumentando que los jueces también debieron advertir que el Ejecutivo no puede suspender una ley mediante un decreto. Aclararon que la emergencia en discapacidad no es una cuestión abstracta ni resuelta, sino una situación que se agrava día a día.
Denunciaron que el Gobierno nacional adeuda pagos correspondientes al período entre octubre de 2025 y enero de 2026 a prestadores que brindaron atención. «Esta situación impide a las instituciones afrontar sus gastos ordinarios y afecta directamente a los trabajadores», aseguraron.
Finalmente, señalaron que, si bien desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que el problema radica en la falta de derivación de recursos por parte de Economía, consideran que esto no constituye una justificación válida, ya que la responsabilidad del cumplimiento presupuestario es del Gobierno nacional en su conjunto.