El organismo intimó y notificó la rescisión de adjudicaciones en distintas localidades de la provincia, principalmente por falta de pago y ocupación, otorgando plazos para regularizar la situación.
El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) publicó una serie de resoluciones en el último Boletín Oficial, mediante las cuales intimó, notificó o avanzó con la rescisión de 11 viviendas sociales por irregularidades. Las causas principales son la falta de pago de cuotas y la falta de ocupación efectiva de los inmuebles.
Cinco de los casos corresponden a la ciudad de Santa Rosa, dos a Colonia Barón, y los restantes a las localidades de Quetrequén, 25 de Mayo, General Pico y Telén. Las medidas incluyen intimaciones para regularizar deudas, pedidos de descargo por falta de ocupación y, en algunos expedientes, la rescisión directa de las adjudicaciones o actas de tenencia precaria, con autorización para que el organismo recupere las propiedades.
A la mayoría de los involucrados, en muchos casos presuntos herederos de los adjudicatarios originales, se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar su situación o ejercer su derecho de defensa. De no hacerlo, el IPAV advirtió que procederá con acciones legales y administrativas, que pueden derivar en la pérdida de la vivienda.
Entre los expedientes más relevantes, el organismo resolvió rescindir adjudicaciones en viviendas de Santa Rosa y Telén. Además, intimó a herederos en Quetrequén, Colonia Barón y la capital pampeana para que regularicen deudas acumuladas. También se notificó la rescisión de un acta de tenencia en una vivienda del Plan Federal en Santa Rosa, habilitando al IPAV a tomar posesión del inmueble.
En paralelo, el organismo intimó a adjudicatarios de 25 de Mayo, General Pico y Santa Rosa a justificar por qué no habitan de manera efectiva y permanente las viviendas adjudicadas. Este tipo de irregularidad también puede derivar en la rescisión del beneficio. En algunos casos, se exigió además la regularización de la titularidad por parte de herederos, junto con la acreditación de ocupación y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Desde el IPAV reiteraron que el objetivo de estas medidas es garantizar el correcto uso de las viviendas sociales, priorizando a las familias que cumplan con los requisitos establecidos y evitando situaciones de incumplimiento prolongado.