El Consejo Federal de Defensores respaldó la declaración de emergencia del servicio, advirtiendo sobre la insuficiencia de recursos y su impacto en el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina manifestó su «profunda preocupación» por la situación que atraviesa el servicio de Defensorías Civiles en la Provincia de La Pampa. El organismo respaldó la declaración de emergencia resuelta por el defensor general Martín Saravia y consideró «imprescindible» la adopción de «medidas urgentes» para revertir las condiciones que afectan a usuarios en situación de vulnerabilidad y al funcionamiento del servicio público.
En noviembre, Saravia decretó la emergencia debido a la insuficiencia de recursos humanos y materiales, la sobrecarga de trabajo, las limitaciones edilicias y la falta de herramientas técnicas adecuadas. «La Defensa Pública constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho, y su debilitamiento no solo afecta a quienes requieren de su asistencia, sino que también incide en el adecuado funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto», señaló el Consejo en un documento.
El diagnóstico presentado describe un sistema colapsado, con un volumen creciente de casos vinculados a violencia de género, niñez, salud mental, adultos mayores, discapacidad, cuotas alimentarias y cuidados parentales, atendido por una cantidad reducida de personal. A esto se suma la migración de trabajadores calificados hacia otros organismos del Poder Judicial que ofrecen mejores condiciones laborales, lo que genera una «posición de desigualdad interna».
Otro punto crítico es el atraso tecnológico. Las Defensorías Civiles son el único organismo del Poder Judicial provincial que trabaja sin un sistema informático integrado, utilizando tres sistemas desconectados que generan problemas de gestión y datos defectuosos.
Las condiciones edilicias también presentan graves deficiencias: oficinas sin ventilación adecuada, espacios originalmente destinados a depósitos usados para atención al público, falta de accesibilidad y ausencia de mobiliario y computadoras en algunas sedes. Auditorías realizadas en 2013, 2018 y 2021 ya habían advertido sobre altos niveles de estrés laboral y riesgos para la salud mental del personal.