La Fiscalía de Investigaciones Administrativas determinó que una funcionaria provincial y una empleada estatal deben abstenerse de intervenir en asuntos vinculados a la Fundación Wetraché por incompatibilidades en sus cargos.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de La Pampa confirmó la existencia de conflictos de intereses en el caso de María Marta Viglino, subdirectora general de Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Niños sin Cuidados Parentales de la Dirección General de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social. La resolución recomienda que Viglino se abstenga de participar en decisiones vinculadas a la Fundación Wetraché y otras ONG relacionadas con el Estado provincial.
La investigación se originó a partir de dos presentaciones: una del Tribunal de Cuentas de La Pampa, que analizó el manejo de fondos de la ONG y las incompatibilidades de Viglino, y otra de la diputada radical Gisela Cuadrado, quien había denunciado a la funcionaria ante la FIA. “Al final yo tenía razón”, expresó Cuadrado en declaraciones a Diario Textual.
Según la documentación a la que accedió Diario Textual, la resolución fue firmada por la fiscal adjunta de la FIA, Gabriela Tabernero. En el texto se sostiene que “corresponde considerar que se ha configurado un conflicto de intereses que, en el marco normativo provincial, puede fundarse tanto en las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo, al regular el deber de abstención, como en el artículo 6 de la Ley 1.252 y en los principios y lineamientos establecidos por las convenciones de lucha contra la corrupción, la propia Constitución provincial y demás normas citadas”.
La FIA también recomendó a Viglino que deje de participar como colaboradora de la fundación mientras continúe en funciones dentro de la administración pública provincial. Además, se recomendó al Ministerio de Desarrollo Social que intime a la agente Alicia Beatriz Rodríguez a cesar en su función como secretaria de la Fundación Wetraché, debido a su condición de empleada estatal.
Viglino fundó Wetraché hace unos 20 años. Desde que asumió como funcionaria provincial, dejó un cargo en el consejo de dirección y pasó a desempeñarse únicamente como colaboradora. Sin embargo, la incompatibilidad surge porque la funcionaria cumple tareas de contralor respecto del funcionamiento de instituciones vinculadas con la niñez, y su esposo, Juan Carlos Oliver Molina, es presidente de la fundación. Además, uno de sus hijos también integra la conducción de la ONG.