El intendente de Santa Rosa se sumó a la cuarta Marcha Federal Universitaria y destacó el rol de la UNLPam como motor de desarrollo.
El intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, salió a respaldar el reclamo de la comunidad universitaria para que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. “La educación pública se defiende todos los días y eso es un modo de vida”, dijo el jefe comunal. “Como egresado de una universidad nacional, quiero una educación pública, gratuita y de calidad; y que fortalezca el conocimiento, el trabajo y la producción, porque universidades como la UNLPam son motores de desarrollo e innovación”, expresó.
Estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se movilizaron este martes 12 en todo el país, en lo que fue la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia, con un reclamo central: que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario. En Santa Rosa y en General Pico, entre las 16 y las 19.30 horas, hubo clases públicas, intervenciones artísticas, radio abierta y movilización por las calles.
Los reclamos principales fueron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley -que refieren a la recomposición de salarios y becas-, la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre, entre otros puntos.
La actividad en todo el país fue organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. En La Pampa la jornada fue organizada por la multisectorial universitaria pampeana, integrada por los equipos de gestión de la UNLPam, los gremios docentes y nodocentes, las agrupaciones estudiantiles del claustro estudiantil, y organizaciones afines del campo educativo provincial.
La movilización llegó en un momento de máxima tensión judicial: la semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.
La convocatoria de hoy fue la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo y en otros puntos del país en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, bajo la consigna de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
El reclamo central no varió: exigir que el Ejecutivo cumpla la ley que el Congreso sancionó y que la Justicia respaldó en dos instancias. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 -el valor de diciembre de 2023- y, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.