Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron este martes en todo el país para exigir al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.
Una nueva marcha universitaria se llevó adelante este martes. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo y las principales plazas del país para pedir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. La normativa, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios.
En paralelo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron a la marcha como “completamente política” y señalaron que la única ley que van a cumplir es la de presupuesto.
En la ciudad de Buenos Aires, las columnas comenzaron a moverse al mediodía y la Plaza de Mayo se colmó para el acto, que inició a las 17 con el Himno Nacional. El documento final, leído por estudiantes, exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte.
El escrito, titulado “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, está firmado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación de Agrupaciones Gremiales de Docentes Universitarios de la UTN (FAGDUT), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Unión Docente Argentino (UDA).
El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico, según el texto, “porque el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, que establece un piso de recursos para el normal funcionamiento del sistema. La norma en cuestión es la Ley N° 27.795, sancionada y ratificada en el Congreso.
El documento advierte que el Ejecutivo también desoye los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata. En ese sentido, reclamaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. De esta manera, se ven afectadas todas las dimensiones de la actividad universitaria y compromete sus funciones sustantivas.
A ello se suma que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento no superó, en ningún mes de la gestión actual, el 64% del valor que tenían en enero de 2023. El equivalente a casi nueve meses de transferencias se habría perdido durante esta administración.
“Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”, añade el escrito.
Las consecuencias de esa política salarial se extienden, según el escrito, al conjunto de las condiciones laborales: renuncias de profesionales formados, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales de los trabajadores del sector. “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, sostiene la declaración.
El documento también detalla el impacto sobre los estudiantes. Las Becas Progresar permanecen congeladas frente a la inflación, con lo que han perdido gran parte de su capacidad de acompañamiento económico para jóvenes trabajadores y sectores populares. Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país, atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento. A ese cuadro se suma la suspensión de las becas vinculadas a vocaciones científicas (EVC), descritas en el texto como el principal instrumento de sostenimiento de esas trayectorias a nivel nacional.
El CIN, la FUA y el Frente Sindical advierten que el deterioro de estas políticas expulsa estudiantes del sistema y profundiza las desigualdades sociales.