El Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley para la legalización integral del cannabis en Argentina, que incluye despenalización, regulación estatal y amnistía para condenados.
El Frente de Izquierda (FIT) presentó en el Congreso un proyecto de ley para la legalización integral del cannabis, impulsado por los diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman. La iniciativa propone despenalizar completamente la planta y regular su uso, producción y comercialización en todo el territorio nacional.
El proyecto establece que el cannabis y todos sus derivados sean considerados de uso legal en el país, habilitando su plantación, cultivo, producción, almacenamiento, comercialización, tenencia y consumo sin sanciones penales. La venta de marihuana sería libre, con regulación estatal a cargo de organismos como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El autocultivo destinado al consumo personal, tanto individual como colectivo, quedaría fuera del control oficial.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la modificación del enfoque actual sobre las drogas. En los fundamentos, los autores sostienen que el paradigma prohibicionista «fracasó», ya que no logró reducir el consumo y contribuyó a fortalecer el narcotráfico y la criminalización de usuarios, especialmente en sectores vulnerables.
El proyecto incorpora una amnistía para todas las personas denunciadas, procesadas o condenadas por consumo, tenencia o cultivo de cannabis, con la consecuente anulación de antecedentes y causas vinculadas. También habilita la creación de clubes sociales de cannabis sin fines de lucro, integrados por mayores de edad, para garantizar el acceso a la sustancia fuera del circuito ilegal.
En cuanto a las restricciones, se prohíbe la comercialización de cannabis en escuelas, hospitales, transporte público o espectáculos masivos, así como la publicidad y el patrocinio de productos recreativos vinculados a la marihuana. En materia sanitaria, el texto dispone que el Estado implemente políticas de información, prevención y reducción de riesgos, y garantice el acceso gratuito a cannabis con fines medicinales.
Los fundamentos del proyecto destacan el contexto internacional y los avances de otros países que han legalizado o despenalizado el cannabis, y cuestionan la «guerra contra las drogas», a la que atribuyen efectos negativos sociales y sanitarios. Los impulsores afirman que la regulación estatal permitiría retirar al narcotráfico una fuente clave de ingresos y mejorar las condiciones de acceso para los usuarios.