Guillermo Farana cuestiona la legalidad de la medida dispuesta por el Concejo Deliberante y presentará un balance de su gestión en la plaza central este lunes.
El intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana (Frejupa, peronismo), anunció que analiza recurrir a la Justicia para intentar ser repuesto en su cargo, luego de la suspensión por 60 días dispuesta por el Concejo Deliberante. Además, convocó a la comunidad a un informe público de su gestión para exponer su versión de los hechos, este lunes a las 18 horas en la plaza central del pueblo.
El jefe comunal cuestionó la legalidad de la medida, asegurando que el procedimiento «está flojo de papeles». Según afirmó, no se conformó previamente una comisión investigadora ni se le garantizó el derecho a defensa. La decisión del concejo se tomó este viernes en una sesión extraordinaria en la que, además de la suspensión, se resolvió crear una comisión investigadora para analizar presuntas irregularidades administrativas y financieras. En ese contexto, la presidenta del cuerpo, María Cabral (también del peronismo), asumió de manera provisoria el Ejecutivo local.
Farana sostuvo que el Deliberante incumplió la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento. Detalló que la normativa exige la conformación previa de una comisión investigadora, la convocatoria a una sesión especial con al menos ocho días hábiles de anticipación y la notificación formal al intendente. Por ese motivo, anticipó que acudirá a la Justicia para plantear la nulidad del proceso.
En paralelo, el intendente convocó a vecinos y vecinas a una jornada informativa que se realizará el lunes 20 de abril a las 18 en el mástil de la plaza central. Allí presentará un balance de su gestión y abordará la situación institucional. Entre los puntos que expondrá figuran la finalización de siete viviendas reactivadas, la ejecución de 50 casas de los planes Mi Casa 1 y 3 y la entrega de otras 25 previstas para mayo. También mencionará obras como el nuevo hospital, desagües pluviales, cordones y veredas, la remodelación del Centro Deportivo y Cultural y la reactivación del parque industrial. A su vez, incluirá la construcción del corralón municipal, mejoras en plazas, ampliación del parque automotor, entrega de créditos y la regularización de más de 350 terrenos y licencias comerciales.
El jefe comunal acusó al Concejo Deliberante de «arrogarse facultades» propias del Ejecutivo. Cuestionó una ordenanza que habilitó a suspender a funcionarios y empleados municipales, y a iniciar sumarios administrativos, denuncias penales y acciones civiles. Según relató, concejales se presentaron en dependencias municipales para exigir la entrega de llaves, claves bancarias y el retiro de funcionarios. «El Concejo Deliberante tomó el Poder Ejecutivo y el edificio municipal», afirmó. También indicó que la secretaria de Finanzas, Laura Coronel, no figuraba en la lista de suspendidos, pero fue igualmente intimada a retirarse.
Farana consideró que la suspensión constituye «una sanción anticipada, inmotivada y sin fundamento», y advirtió que se vulneró el derecho de defensa al no especificarse las acusaciones ni permitir descargos.