El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa rechazó un recurso extraordinario provincial presentado por Ramón Raúl Pino, dejando firme la orden de desalojo de un campo en Puelén. La disputa judicial entre hermanos por la parcela 4 del lote 2 continúa, aunque resta una instancia ante la Corte Suprema.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa declaró inadmisible un recurso extraordinario provincial presentado por el puestero Ramón Raúl Pino, dejando firme la decisión que rechazó la aplicación de la Ley 2222 para suspender el desalojo de un campo en la zona de Puelén, en el extremo sudoeste de la provincia. Aún puede intentar apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero con mínimas posibilidades de que analicen el caso.
El campo es reclamado por su hermano Jorge Anselmo Pino. Ramón Raúl Pino es integrante de la comunidad mapuche Wenu Chao. Para evitar el desalojo, ha argumentado que sus derechos están consagrados en la Constitución Nacional y por distintos convenios internacionales celebrados por el Estado Argentino y firmados por la Provincia. Además, una ley provincial impide el desalojo de puesteros en el oeste.
Por lo pronto, la resolución fue dictada en las últimas horas por la Sala A del máximo tribunal provincial, que consideró que el planteo no cumplía con los requisitos formales necesarios para habilitar la instancia extraordinaria. El caso se inscribe en una prolongada disputa judicial entre hermanos por la posesión de un inmueble rural, identificado como parcela 4 del lote 2 de la sección XXIV, fracción C, de Puelén.
En el expediente principal, la Justicia ya había ordenado la restitución del campo a Jorge Anselmo Pino, con obligación de desalojo para su hermano Ramón. En ese contexto, el demandado intentó frenar la ejecución de la sentencia mediante un planteo basado en la Ley Provincial 2222, que establece mecanismos de protección frente a desalojos en determinados supuestos, especialmente vinculados a pobladores en situación de vulnerabilidad. Ese pedido derivó en una información sumaria que, en primera instancia, rechazó la aplicación de la norma y ordenó continuar con el trámite del expediente principal. La decisión fue confirmada luego por la Cámara de Apelaciones.
Frente a ese escenario, la defensa de Ramón Pino acudió al STJ con un recurso extraordinario provincial en el que denunció arbitrariedad en la sentencia y cuestionó la valoración de la prueba. Entre otros puntos, sostuvo que la Justicia interpretó de manera errónea que la ocupación del campo correspondía a su hermano, al basarse en el rechazo de una acción de usucapión. Según planteó, esa conclusión no era válida y omitía elementos relevantes como testimonios, documentación y una inspección ocular. También cuestionó la interpretación de la Ley 2222: argumentó que su alcance no se limita a desalojos promovidos por grandes actores externos, sino que también debe proteger a pobladores del oeste pampeano frente a cualquier situación de desposesión, incluso en conflictos familiares.
El STJ rechazó el recurso por inadmisible. En su análisis, sostuvo que los argumentos de la defensa se centraban en la valoración de hechos y pruebas, una materia que no corresponde revisar por la vía extraordinaria, reservada exclusivamente a cuestiones de derecho. Además, señaló que la crítica a la interpretación de la ley no superó el estándar exigido, ya que se limitó a expresar una discrepancia con el criterio de los jueces sin demostrar un error jurídico concreto o un razonamiento arbitrario. “El recurso no reúne las condiciones mínimas necesarias para su admisibilidad”, concluyó el tribunal.