La Legislatura pampeana aprobó dos leyes para garantizar la continuidad de la producción en el área hidrocarburífera El Medanito a partir del 19 de junio, cuando finalice la concesión actual.
La Legislatura de La Pampa aprobó este jueves dos leyes vinculadas al futuro del área hidrocarburífera El Medanito, con el objetivo de evitar una paralización de la producción de crudo y gas a partir del 19 de junio, cuando concluye la concesión de la actual operadora, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR).
La primera ley establece un proceso de transición de hasta ocho meses, durante el cual la empresa estatal Pampetrol se hará cargo del área. La segunda ley convoca a una nueva licitación pública internacional para la concesión por 25 años, con regalías del 15% más un componente variable (X) que puede ser negativo hasta un 5%, y un bono de ingreso de 25 millones de dólares, también con un componente variable que puede reducirse hasta los 20 millones.
El acuerdo para la transición obtuvo 26 votos a favor: los 15 del bloque oficialista Frejupa, los 7 de la UCR y 4 del PRO-MID. No acompañaron los dos legisladores de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, y dos del PRO, Noelia Viara y Celeste Rivas. En tanto, la ley de licitación sumó 28 votos, con el respaldo de Viara y Rivas, y solo el rechazo de los dos legisladores de Comunidad Organizada.
Entre los puntos clave, se establece que el llamado a licitación deberá realizarse en un plazo máximo de 60 días. A partir del 19 de junio, Pampetrol asumirá la operación transitoria del área, con un plazo máximo de ocho meses, y deberá contratar a una empresa operadora mediante licitación, tal como reclamaba la oposición.
El bono de ingreso de 25 millones de dólares se pagará en tres cuotas semestrales. El 50% de ese bono será coparticipado entre municipios y comisiones de fomento de la provincia, con un tercio según el índice de coparticipación, un tercio por el Fondo Complementario Coparticipable y un tercio por el Fondo Adicional de Distribución Poblacional. De los fondos que reciban los municipios, el 50% deberá destinarse a obras de infraestructura y bienes de capital, y el 50% restante será de libre disponibilidad. El otro 50% del bono no coparticipable se destinará a proyectos de generación de energía renovable.
La Legislatura retomó el debate tras el fracaso de la licitación anterior, que quedó desierta en febrero debido a las altas exigencias económicas, el precio internacional del crudo, los costos operativos y la madurez del yacimiento. Tanto el gobierno como la oposición expresaron su preocupación por el riesgo de paralización del área, que afectaría a unos 400 puestos de trabajo y generaría una fuerte caída de ingresos para la provincia y los municipios.