El Gobierno provincial creó un organismo de análisis y asesoramiento sobre las condiciones de trabajo del personal policial, sin incluir salarios. La medida fue oficializada por decreto.
El Gobierno de La Pampa reglamentó la creación de la Comisión para la Evaluación de las Condiciones Laborales del Personal Policial, un organismo que funcionará como espacio de análisis y asesoramiento sobre las condiciones de trabajo dentro de la Policía provincial, aunque sin intervenir en cuestiones salariales.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 643/26, firmado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, y reglamenta el Título VIII del Libro Primero de la Ley Nº 3469. Según el texto oficial, la comisión actuará sobre “condiciones laborales del personal policial de la Policía de la Provincia de La Pampa”, pero aclara expresamente que quedan excluidos “salarios y/o condiciones económicas de la prestación laboral”.
La comisión estará presidida por el ministro de Seguridad y Justicia y tendrá coordinación de la Subdirección General de Coordinación del Consejo de Seguridad Pública y Ciudadana y Comisión para la Evaluación de Condiciones Laborales. Entre otras funciones, tendrá a cargo la organización de reuniones, la elaboración de informes, la confección de órdenes del día y la redacción de actas.
El decreto establece que habrá representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, de la Jefatura de Policía, del personal policial superior y subalterno en actividad y también del personal retirado. En el caso del personal en actividad, los representantes serán elegidos por sorteo en cada una de las unidades regionales. Para el personal superior, podrán participar efectivos hasta la jerarquía de subcomisario. En tanto, para el personal subalterno, el Ministerio definirá cada año qué jerarquías podrán integrar el sorteo.
Además, la reglamentación fija que deberá haber al menos una mujer como representante titular en alguno de los cuerpos representados por las unidades regionales. También se establecieron restricciones para integrar la comisión. No podrán hacerlo policías en situación de disponibilidad, con sanciones disciplinarias recientes o con licencias por enfermedades de largo tratamiento. En el caso del personal retirado, la representación será elegida a través de los círculos de retirados policiales.
Los representantes ejercerán sus funciones durante un año calendario y, en el caso del personal en actividad, podrán volver a ser sorteados solo una vez. El decreto indica que la comisión deberá reunirse al menos dos veces por año y que las convocatorias tendrán que realizarse con cinco días hábiles de anticipación. Además, se habilita la posibilidad de realizar reuniones específicas por unidad regional y también encuentros particulares con representantes del personal retirado.
La reglamentación también dispone que los representantes deberán mantener canales de comunicación abiertos con el personal policial para recibir opiniones y sugerencias, incluso mediante herramientas digitales que podrá habilitar el Ministerio de Seguridad y Justicia. Finalmente, el decreto delega en el ministerio la facultad de reglamentar aspectos operativos y resolver situaciones no previstas en la normativa.