La diputada provincial Noelia Sosa evalúa llevar el caso a la Justicia Penal tras el archivo de la denuncia administrativa por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en relación a la licitación de El Medanito.
La diputada provincial Noelia Sosa (peronismo) anunció que analiza presentar una denuncia penal por presunto “abuso de autoridad” contra funcionarios y legisladores involucrados en la elaboración del pliego de licitación del área hidrocarburífera El Medanito, luego de que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) archivara la denuncia que había presentado en diciembre pasado.
En su resolución, la FIA concluyó que “no surgen elementos para considerar que los integrantes de la Mesa Interinstitucional hayan cometido una irregularidad o ilícito administrativo”, señalando que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas por un órgano colegiado legalmente constituido y que el software solicitado para medir caudales se ajusta a las prácticas habituales de la industria.
La fiscalía incorporó un informe técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que determinó que el software Sahara, cuestionado por Sosa, no es apto para medición fiscal pero sí para modelado y diagnóstico, y que el método previsto en el pliego era complementable con mediciones fiscales reales. Además, los expertos indicaron que el sistema alternativo de medición pozo por pozo propuesto por la diputada era “factible” pero “no viable económicamente y técnicamente” para un yacimiento de la magnitud de El Medanito.
La FIA recordó que la licitación fue declarada desierta mediante el decreto 114/26, sin que se presentaran ofertas, por lo que nunca existió adjudicación ni perjuicio concreto. Pese al archivo, Sosa sostuvo que el dictamen pericial respalda sus planteos y evalúa acudir a la Justicia Penal bajo el artículo 248 del Código Penal, que tipifica el abuso de autoridad. La legisladora cuestionó que la FIA considerara abstracta la discusión tras el fracaso de la licitación.
En paralelo, la FIA emitió recomendaciones para futuros procesos licitatorios, como incorporar especialistas con experiencia técnica, evitar marcas o software específicos, y habilitar instancias de participación ciudadana. Sosa afirmó que estas recomendaciones reflejan “la incompetencia de la Secretaría de Energía” para elaborar un pliego de estas características.